Florencio Salazar

Si viviéramos en un mundo feliz el Estado sería innecesario y la política, inútil. La felicidad es como el horizonte: entre más nos acercamos a él su distancia es mayor. No obstante, es nuestro deber perseguir esa utopía porque conlleva el perfeccionamiento humano.

De tarde en tarde es conveniente recordar el fin del Estado y de la política para no desdeñar el poder de uno ni la capacidad de la otra. Y, sobre todo, entender que en el centro del pacto social está el conflicto. El conflicto es la masa que el horno de la política convierte en acuerdo. El Estado, por su parte, controla a la política de la cual se nutre, a través de la Ley. Resalta ahora cuando la razón de Estado, apoyada en la idea de que el fin justifica los medios, se contrapone a la protección de los derechos humanos.

Cuando la política es incapaz de procesar los conflictos, se debilita a las instituciones y se pone en riesgo la gobernabilidad, lo cual se traduce en dejar en vilo el pacto social; ello equivaldría al abandono de la vida civilizada para atender la ley del más fuerte. Cada acto de tolerancia en contra de la ley representa lanzar polillas a un mueble que terminará como un montón de aserrín. La impunidad inexorablemente se vuelve en contra del Estado.

Generalmente la ingobernabilidad es consecuencia de conflictos que atacan sistemáticamente a las instituciones públicas, hasta amagar al Estado con su destrucción. Si el Estado es un ente abstracto, sus instituciones no lo son y el conjunto de ellas lo representa. El Estado tiene las características del agua: sólido, para aplicar la ley; líquido, para asegurar el desarrollo de la sociedad; gaseoso, para transformarse y asegurar su vigencia. Por ello, es también un elemento vital.

Podemos observar que el Estado es combatido al menos por dos fuerzas, una desde fuera de las instituciones y otra desde dentro de ellas. La externa se manifiesta a través del terrorismo y el crimen organizado; la interna, de la corrupción y la impunidad. Ambas fuerzas confluyen en una labor de pinza, que amenaza con estrangular al Estado. La primera lo ataca y la segunda no lo defiende. De ahí que para garantizar al Estado democrático es indispensable sostener su legitimidad mediante la observancia a la ley, elecciones limpias y transparentes, y la consecución del bien común.

Los servidores públicos están obligados a cumplir con la ley. No es una opción, es un deber. De ahí que “todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen” (artículo 128 constitucional). Puesto que no se puede asumir un cargo sin rendir la protesta de ley, está claro que la primera obligación del servidor público es con el ordenamiento legal.

El Estado contemporáneo es una paradoja. Está siendo asediado por poderes fácticos: los que se imponen y lo presionan, como son las empresas globales y los medios, incluyendo las redes; y aquellos que, por su capacidad económica y el empleo brutal de la violencia, constantemente lo desafían. Su grado de complejidad lo hace más lento y por ello sus respuestas pierden eficacia.

La pregunta es: ¿cuánto tiempo podrán resistir los embates de adversarios y enemigos los estados que se encuentran en los límites de la gobernabilidad? El Estado es un ente que se reconstruye. Reformarlo es indispensable para que el ciudadano recupere su protección, que es el adhesivo del pacto social.

Sin Estado se acaba la política y el acuerdo.